Despedíamos el año con la noticia de que a un famoso músico inglés le era otorgada la nacionalidad española. Si bien es cierto que en nuestro ordenamiento se recoge la posibilidad de esta situación, ésta invita a reflexionar sobre por qué unas personas extranjeras merecen un trato diferenciado respecto de otras.
Al fin y al cabo, la concesión de la nacionalidad española por este método es una decisión política, puesto que el sujeto decisor es unilateralmente el Gobierno, que por medio del Consejo de Ministros tiene la potestad de realizarlo. Supone, en todo caso, un privilegio, un abuso de poder político, sustentado en un concepto jurídico indeterminado como son las circunstancias excepcionales.
Como también es una decisión política, dentro de nuestro ordenamiento legal, el que muchas personas migrantes no puedan regularizar su situación administrativa. Todo debe ponerse en contexto, ambas situaciones se abordan desede leyes distintas, una desde el Código Civil y otra desde la Ley de Extranjería, pero que en la realidad, encuentran relación al verse contenida la segunda dentro de la primera. Es necesario cumplir una serie de requisitos de la Ley de Extranjería, para poder adquirir la nacionalidad española. O no, de aquí lo controvertido de la decisión.
En ambos casos hablamos de decisiones políticas, de derechos, de desigualdad, de privilegios y, por lo tanto, de justicia social. Decisiones políticas que conllevan situaciones de vulneración de derechos, de incertidumbre, de exclusión y que generan violencia. Pues la violencia no tiene por qué ser solo física, sino que hay fórmulas de producirla con mayor sutileza, pero con iguales consecuencias.
Son las decisiones políticas las que categorizan, privilegiando a algunas personas migrantes, promoviendo racismo. Con mayor motivo, cuando se trata de hacerlo con personas blancas y europeas por encima de otras muchas que acumulan retrasos en sus solicitudes de nacionalidad española por más de tres años. Más aún cuando esas personas ven en la nacionalidad la oportunidad de reagrupar a sus familiares, separados como consecuencia de la Ley de Extranjería.
Nacionalidad española, que no sólo sirve para tener uno de los pasaportes más privilegiados, sino que sirve como acceso a un disfrute completo de derechos, como puede ser el derecho político de poder participar tanto de forma activa, como pasiva, en las elecciones (únicamente aquellas personas con residencia de determinados países con los que el Estado tiene convenios podrán participar en elecciones municipales y autonómicas).
Formar parte de la comunidad política debe materializarse a través de tener reconocidos los derechos políticos. Esto no puede sustituirse por una mera participación en la opinión pública, la participación civil asociativa, o los derechos de reunión y manifestación. Todos ellos pueden completar los derechos políticos de la ciudadanía, pero no sustituirlos.
Como consecuencia, no se puede hablar de integración real, cuando se está impidiendo desarrollar la capacidad de decisión política de un numeroso grupo de personas, cuya limitación para la participación es la nacionalidad y, por tanto, no pueden participar en la vida pública como el resto de la ciudadanía. Como resultado, parece difícil que se lleven a cabo políticas públicas destinadas al colectivo migrante si su representación política institucional es prácticamente inexistente.
Tomar decisiones en un sentido u otro, o no tomarlas, tiene incidencia e influencia en la vida de miles de personas con las que convivimos en nuestras ciudades y nuestros barrios. En definitiva, decisiones que sustentan lo que comunmente denominamos racismo institucional y que, desde nuestra posición de privilegio, no somos conscientes de lo que suponen.
Porque nuestros lazos de lucha y solidaridad deben ser capaces de denunciar las identificaciones por motivos raciales, los CIEs, los vuelos de deportación, las devoluciones en caliente, la falta de acceso a determinados recursos y derechos, la ausencia de reconocimiento legal de personas refugiadas, los problemas a la hora de denunciar delitos por parte de personas en situación administrativa irregular. Y una lista interminable, sobre la que se fundamenta el racismo en nuestro territorio.
Por un 2021 más antirracista.